Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, reclama al Ministerio de Medio Ambiente que “reconsidere la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tal y como está formulada, ya que se corre el riesgo de cometer un irresponsable atropello al no garantizarse al cien por cien la salvaguarda de los valores ambientales que el proyecto gasista pone en peligro, ni las pretendidas reformas económicas en la dirección de la sostenibilidad que el Gobierno hecha por tierra con decisiones como estas".
En este sentido, hay que recordar que la Unión Europea ha advertido en reiteradas ocasiones al Estado español "de la baja cualidad de muchas Declaraciones de Impacto Ambiental, que parecen ser un simple trámite para dar luz verde a proyectos que comportan graves impactos ambientales", explica Marcellesi. De hecho, añade el coportavoz ecologista, “se tiene la sensación de que los documentos analizan de forma poco rigurosa los impactos y que se acaban bendiciendo los proyectos sin poner excesivos reparos".
En este caso la DIA da poca o nula importancia a los impactos negativos, "infravalorando las graves afecciones a la flora y fauna marina debido a la salmuera que verterá la desaladora; a los impactos visuales de la torre de evacuación de 28m. en la Planta de Operaciones; a una antorcha de 60m. en la plataforma marina que estará siempre encendida; a las evacuaciones de gas a la atmósfera; a las cargas explosivas en el fondo marino para acondicionar el depósito; a la cercanía a los núcleos habitados de Alcanar y Vinarós; a las afecciones a la pesca", describe Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora.
La portavoz ecologista afirma que ”la Declaración de Impacto Ambiental pasa de puntillas sobre los elevados riesgos potenciales al considerar, de manera poco realista y poco documentada, las medidas correctoras propuestas por la empresa para corregir todos los problemas y afecciones, con lo que la aprobación de la DIA termina por ser una declaración de buenas intenciones, que deja carta blanca a las pretensiones de la empresa. Una actitud irresponsable del Ministerio de Medio Ambiente, que no nos resignamos a que sea el último acto porque existen dudas fundadas sobre la ubicación del depósito y sobre la construcción de la planta de tratamiento”.
La Coordinadora Verde buscará todos los cauces legales para impedir que se construya ese depósito marino, que va en sentido contrario a la protección del medio ambiente y que echa por tierra las expectativas creadas por el Gobierno de cambiar el modelo productivo, con la tan anunciada ley de economía sostenible. Recuerda, además, que el diputado verde europeo Raúl Römeva y el diputado en el Congreso Joan Herrera, de IC-V, han registrados en los últimos meses, en las respectivas instituciones, preguntas para que se reconsiderara el proyecto. En el caso del Gobierno español, con la aprobación de la DIA han sido desantedidas las peticiones del diputado Herrera, al igual que continúan sin tenerse en cuenta los reparos que ha mostrado la UE, que no ve con buenos ojos este proyecto gasista por los riesgos y afecciones que comporta.
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